El alcalde del distrito de San Cristóbal, Claudio Vizcarra, se pronunció firmemente en contra de la ordenanza aprobada por el Concejo Provincial de Mariscal Nieto que transfiere administrativamente los centros poblados de Titire y Aruntaya al distrito de Carumas. Acompañado por su equipo técnico y legal, Vizcarra denunció que su municipio no fue convocado ni informado formalmente sobre este proceso, el cual calificó como apresurado y sin sustento legal.
El alcalde Vizcarra y su asesor legal, Roosevelt Maquera, señalaron que esta ordenanza no respetó el marco normativo vigente, particularmente la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial. Según explicaron, dicha norma establece que, en caso de controversia territorial entre distritos, debe realizarse una consulta popular organizada por la ONPE, algo que no ocurrió en este caso.
El asesor jurídico sostuvo que la competencia para conducir estos procesos corresponde al Gobierno Regional, a través de la Subgerencia de Ordenamiento Territorial, y no exclusivamente a la municipalidad provincial. Por ello, anunciaron que se presentará un documento de desistimiento ante el Consejo Provincial, y en caso de no ser escuchados, se procederá a interponer una acción de inconstitucionalidad contra la ordenanza.
Por su parte, el gerente municipal de San Cristóbal, Alberto Jiménez, detalló que desde la creación de ambos centros poblados (Aruntaya en 1995 y Titire en 2002), el municipio ha realizado significativas inversiones en obras públicas, infraestructura, servicios básicos y programas sociales. Según estimó, la inversión en la zona bordea los 50 millones de soles.
Jiménez también advirtió que esta situación podría generar conflictos sociales dentro de los propios centros poblados, ya que, según indicó, hay pobladores que no están de acuerdo con el cambio de jurisdicción. “Nos llaman para decir que no fueron consultados. Por eso, pedimos que se convoque a una consulta popular, es lo más justo y democrático”, afirmó.
¿INTERESES POLÍTICOS?
También se insinuó que podría haber intereses políticos detrás de esta decisión. Maquera cuestionó que el abogado Julio Valdez Naventa, quien sustentó la ordenanza ante el concejo provincial, sea posible candidato en Carumas, lo que pondría en duda la imparcialidad del proceso. “Esto no puede manejarse políticamente. Es un tema técnico y legal”, puntualizó.
Finalmente, el alcalde Vizcarra reafirmó su compromiso con los pobladores de Titire y Aruntaya, recordando que su municipio ha brindado constante apoyo y que seguirán luchando por el respeto a su jurisdicción. “Si quieren irse, que se haga de manera legal y con la participación de la población. Pero no vamos a permitir imposiciones”, concluyó.
