Tras la entrega de la autorización de construcción del proyecto minero Tía María, y la decisión de las organizaciones sociales y pobladores de la provincia de Islay de realizar movilizaciones y un paro indefinido a partir del lunes 15, en oposición a dicho proyecto, la Defensoría del Pueblo considera que se está configurando nuevamente un escenario de tensión local.

ALTOS NIVELES DE DESCONFIANZA

En ese sentido señaló que los altos niveles de desconfianza poblacional en el valle de Tambo, son producto de la deuda social acumulada hasta la fecha que, es común a las zonas en las cuales se desarrollan proyectos mineros. Esta desconfianza sólo será superada con medidas de transparencia absoluta, un plan de desarrollo concordado entre los tres niveles de gobierno y la población organizada, y un proceso de diálogo que ofrezca las garantías necesarias para tratar los temas ambientales y sociales respecto de los cuales la población tenga dudas, según se lee en un pronunciamiento de este organismo.

“No obstante la autorización otorgada para la construcción del proyecto, la empresa ha anunciado su compromiso de no iniciar los trabajos, sin antes generar, en coordinación con el Ejecutivo, espacios de diálogo en los que se absuelvan las dudas de la población.  Por su parte, el Gobierno ha hecho un llamado al diálogo con alcaldes y dirigentes de la provincia de Islay. Esperamos que esta buena disposición se traduzca en una real oportunidad de diálogo” se supo.

MÁXIMA PRECAUCIÓN CON LA SEGURIDAD

La Defensoría señaló en su comunicado que la policía nacional y las autoridades políticas deberán tomar las máximas precauciones para evitar enfrentamientos con la población, garantizando el orden y los derechos fundamentales de todos. Del mismo modo, la población y dirigentes sociales deberán descartar cualquier medio violento de protesta, se indica.

GARANTÍAS PARA LA POBLACIÓN

Comentan finalmente “La actividad minera es un factor de crecimiento económico, pero debe reflejarse de manera inmediata en el desarrollo socioeconómico de la zona y no afectar otras actividades como la agricultura, que en el caso del valle de Tambo, es fuente de empleo de gran parte de la población. El Estado y la empresa están en la obligación de darle a la provincia de Islay y a la región Arequipa todas las garantías de protección del valle y de beneficios para sus habitantes, en los términos que se acuerden”

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