El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, envió un paquete de 12 proyectos de ley —incluidas reformas constitucionales— para impulsar la reforma política en el país. Las iniciativas planteadas tienen como sustento el informe que trabajó por varios meses la Comisión de Alto Nivel que presidió el politólogo Fernando Tuesta.
Este paquete legislativo no incluye el retorno a la bicameralidad «por respeto a la voluntad popular expresada en el referéndum», indicó el jefe de la PCM, en un mensaje en Twitter.
Estas son algunas propuestas claves para la reforma.
- INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS.
El Ejecutivo plantea eliminar el requisito de la recolección de firmas para inscribir un partido político, como ocurre actualmente. En su lugar, se habla de una “relación de afiliados”, que tiene que ser “no menor del 0.75% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional”, que equivale a 14 mil afiliados.
“La verificación de las firmas era muy complicada y se prestaba a una serie de prácticas no adecuadas, incluyendo la compra de firmas y otras cosas que desvirtúan un poco la idea de la política», explicó la politóloga Paula Muñoz, integrante de la Comisión Tuesta. Añadió que se buscó «más bien cambiarlo con un sistema en el cual no se exigen tantas firmas, sino lo que se presenta es un padrón de militantes con nombres y DNI, identificación plena de los afiliados y que sea un padrón público”.
Por su parte, la abogada Milagros Campos, también integrante de la comisión de Reforma Política, contó que cuando conversaron con los partidos manifestaron su “preocupación por la cantidad de firmas para formar partidos políticos”.
“Las firmas no significan más que requisito formal y no prueban militancia. Entonces, mirando cuál era el diagnostico de partido que no tenían preferencia del electorado pero que mantenían su inscripción, encontrábamos que había políticos sin partidos y partidos sin políticos”, explicó.
En cuanto a la cancelación de partidos, se propone como nuevo requisito que dicha situación se concrete en caso no se alcance 5 representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral y al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional en la elección del Congreso.
También se anula la inscripción del partido si no consigue que al menos el 1.5% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional acudan a votar en sus elecciones internas. Los cambios contemplan que los partidos elijan a sus candidatos al Congreso en unas elecciones “internas” donde participarían tanto afiliados como no afiliados.
Para Aldo Vásquez, exministro de Justicia y columnista de RPP Noticias, esta propuesta resulta interesante. “En las últimas elecciones generales pasadas deben haber votado seguramente 16 o 18 millones de electores. Si hablamos del 1.5% significa que las elecciones internas deben votar unas 250 mil personas aproximadamente, entre afiliados y no afiliados”, sostuvo. Con ello “se consagra la figura de elecciones primarias”, añadió.
- DEMOCRACIA INTERNA
El Ejecutivo plantea fortalecer la democracia interna de los partidos políticos con elecciones para la selección de candidatos a cargos de elección popular. El proyecto estima que la elección se realizará el primer domingo de octubre del año anterior a la elección, de manera simultánea entre todos los partidos.
“Sería una elección que organice la ONPE un domingo en simultáneo, entonces todos iríamos a votar como en cualquier otro proceso electoral. […] El ejemplo sería que votaríamos con una cédula muy parecida a la votación actual […] donde tendrías a una lista con figuras de los símbolos de los partidos. Es algo parecido al voto preferencial para el Congreso. Marcarías el símbolo del partido […] y luego tendrías que marcar los números de los candidatos individuales dentro de cada partido que a ti te interesa”, detalló Muñoz.
- GOBERNABILIDAD
El Gobierno también ha propuesto eliminar la causal de vacancia del presidente de la República por incapacidad moral permanente. Actualmente, el artículo 113 de la Constitución incluye entre las causales la “permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”.
Para Vásquez, este tema merece una revisión y discusión al recordar que se invocó la “incapacidad moral” para que el expresidente Alberto Fujimori pueda ser destituido del poder en el 2001. “Me parecen atendibles las razones de la comisión; sin embargo, creo que no se justifica la salida de esta figura constitucional. Más bien creo que debería regularse con mayor detalle, porque en la historia del Perú solo en cuatro ocasiones se ha abusado de esta figura”, manifestó.
Por su lado, Paula Muñoz contó que la comisión propuso eliminar esta causal de vacanci, luego de un debate sobre los problemas que había traído. “Creíamos que lo más adecuado, lo más saludable para la democracia, para la gobernabilidad, es que esta figura se elimine, porque para un problema físico -o incluso mental permanente- existe la figura de la incapacidad física permanente. Además, hay otras causales por las cuales también puede haber un juicio político”, indicó.
- FINANCIAMIENTO POLÍTICO
El Ejecutivo propone que los ingresos obtenidos por la realización de actividades proselitistas, provenientes de aportes en efectivo, estén “debidamente bancarizados” y que se permita identificar a los aportantes. Además, se contempla que la ONPE tenga un rol más relevante al tener que supervisar las actividades de las organizaciones políticas.
También los candidatos “no pueden recibir donaciones directas de ningún tipo, sino con conocimiento de la organización política por la que postulan”.
Para el exministro Aldo Vásquez, lo que se busca es evitar el financiamiento ilegal y que el aporte de los militantes “quede perfectamente registrado y sea transparente”.
“Actualmente hay obligaciones de supervisión por parte de la ONPE, pero tienen que ser fortalecidas, porque hemos visto que la ONPE no ha llegado a un nivel de fiscalización suficiente. También han faltado los instrumentos legales que establezcan responsabilidades mayores en las autoridades de los partidos, de tal manera garantizar que en modo efectivo rindan cuentas”, sostuvo.
- CAMBIOS AL SISTEMA ELECTORAL NACIONAL
Otros de los cambios es adelantar la segunda vuelta electoral al quinto domingo posterior a la primera elección. Otra propuesta es que se permita que el candidato a la presidencia de la República pueda postular a un escaño en el Congreso.
También se plantea eliminar el voto preferencial y que la lista, que será conformada tras la elección interna, cuente con el 50% de hombres y 50% de mujeres, colocados de manera alternada.
Además, se propone que no puedan postular quienes cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia. Asimismo, se obliga a los candidatos a presentar su declaración jurada de intereses, donde deberán detallar si tienen empresas, sociedades, su participación en directorios, si hicieron consultorías, entre otros temas.
TUESTA ADVIERTE LA NECESIDAD DE DIÁLOGO
Fernando Tuesta, presidente de esta comisión, destacó que existe un gran nivel de unanimidad «que pocas veces se ha visto» sobre las estas iniciativas. Para el analista las condiciones para que sean aprobadas «están dadas»; sin embargo, advirtió que la falta de diálogo entre los actores políticos podría complicar esta situación.
«Todos proponen que esto se debe llevar adelante de cara al 2021 y, sin embargo, se corre el riesgo de que esto no se podría producir. Estos puentes de diálogo no se producen y podría ser uno de los elementos que lleve a que la reforma política tenga entrampamientos peligrosos», dijo. (Fuente RPP Noticias)
OTROS CAMBIOS
- Se plantea crear dos nuevas circunscripciones para el Congreso: una para peruanos en el extranjero (dos escaños) y otra para los pueblos indígenas (un escaño). De aprobarse se pasaría de 130 congresistas a 133.
- Los miembros de mesa reciben S/63 (1,5 de una UIT) como compensación.
- Se podrán publicar encuestas hasta 24 horas antes del día de elecciones.
- Los regidores y consejeros regionales pueden formular «pedidos de información para efectos de fiscalización». Estos pedidos deben ser atendidos por las autoridades en un plazo mayor de 5 días hábiles.
- Los gobernadores y alcaldes pasan de 4 a 5 años de gestión.