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El polémico asistente del gobernador regional y dizque pre candidato a la Municipalidad Distrital de Samegua, Carlo Enrique Bopp Salas, ¿mintió en su declaración jurada presentada con su puño y letra para lograr el pago por los servicios prestados como asistente del despacho de Gobernación del Gobierno Regional de Moquegua?

LA DECLARACIÓN JURADA DE BOPP

Según se desprende el expediente contenido en el Comprobante de Pago N° 4138 (SIAF 4868), del año 2017 Bopp Salas, declara bajo juramento, que No tiene parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con algún funcionario o servidor del Gobierno Regional de Moquegua correspondiente al mes de mayo del 2017.

Sin embargo, se tiene el parte de asistencia diaria del personal obrero del 01 al 31 de mayo del 2017 del proyecto Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua-Arequipa Tramo 108 Cruz de Flores, refrendado por el Ing. José Luis Ytuza Pacheco, jefe del Proyecto y la Ing. Liliana Prieto Castillo, Jefe de Supervisión, en el que se tiene registrado como Operario de dicho proyecto al Sr. Antonio Alberto Bopp Salas, hermano del cuestionado Carlo Enrique.

NUEVA DECLARACIÓN JURADA

Pero no es el único caso en el que Bopp Salas no cumplió con su declaración jurada. En el mes de junio del año 2015 cuando brindaba los servicios de locador responsable de Relaciones Públicas del Gobierno Regional de Moquegua una vez mas de puño y letra presentó una declaración jurada en el que señaló, bajo juramento, NO TENER pariente alguno laborando en el Gobierno Regional de Moquegua.

Pero, a través del Comprobante de Pago N° 1810 se realiza el pago a favor de Félix Antonio Bopp López, el padre de Carlo Bopp Salas, por el “servicio de seguridad y guardianía de la actividad de mantenimiento, limpieza y resguardo de la sede e Instalaciones a cargo del Gobierno Regional Moquegua al 30 de junio del 2015”.

FALSEDAD IDEOLÓGICA

Estas acciones de Carlo Enrique Bopp Salas deberían de ser sancionadas por los órganos competentes, en merito a que se habría cometido el delito de falsedad ideológica previsto en el Artículo 428 del Código Penal, el mismo que señala:

“El que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa. El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas”.

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