La empresaria Karelim López, quien ha iniciado un proceso de colaboración eficaz en la Fiscalía de Lavado de Activos, señaló a Roberto Aguilar Quispe, de 27 años, como uno de los integrantes de la presunta organización criminal, conformada por el presidente Pedro Castillo y el ministro de Transportes, Juan Silva, que se habría repartido millonarias obras públicas con empresas chinas, según un informe de El Comercio.
Roberto Aguilar Quispe obtuvo su diploma de bachiller en Ingeniería Civil en mayo 2021, no registra propiedades ni vehículos a su nombre en Lima. Sin embargo, desde que comenzó el gobierno de Pedro Castillo ha firmado junto con las empresas China CAMC Engineering CO. LTD y China Civil Engineering Construction Corporation contratos con el Estado por más de S/580 millones, según El Comercio.
INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. es la empresa de Roberto Aguilar Quispe con la que ha hecho millonarios negocios con ciudadanos chinos. Esta la fundó en julio del 2019 en el Callao junto con su hermano mayor Alejandro Aguilar Quispe, con un capital social de S/100 millones, dinero que sustentó presentando un “bono de reconstrucción” emitido en 1983.
Roberto Aguilar Quispe es accionista de la empresa Integrales Endemas S.A.C, junto con su familiar Maribel Sarez Quispe, con la que además vive en San Isidro. Esta compañía ha firmado decenas de contratos con diferentes entidades del Estado del 2016 al 2018. En marzo del 2021, Integrales Endemas S.A.C. fue inhabilitada de manera definitiva por el Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar documentos falsos y adulterados en los concursos públicos en los que participaron.
Cinco meses después de esta inhabilitación, INIP Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. ganó su primer contrato con Provías Nacional, del MTC, por más de S/65 millones. La obra fue el corredor vial Ilo-Tacna-Tripartito y óvalo Tripartito-Collpa.
RELACIÓN CON PERÚ LIBRE
China CAMC Engineering CO. LTD, en consorcio con la empresa Avanzada Tecnología y Servicios S.A.C., obtuvo la buena pro del Gobierno Regional de Junín en octubre del 2020, para construir el hospital de Chupaca por S/138 millones. En diciembre del 2020, el OSCE anuló esta decisión tras concluir que el postulante no cumplió lo establecido en las bases, pero esta empresa aún tenía vigente un contrato para la construcción del hospital de San Martín de Pangoa por S/94 millones.
En tanto, Avanzada Tecnología y Servicios S.A.C. tenía tres contratos adicionales por más de S/100 millones con la administración de Perú Libre en Junín. Esta empresa además conformó el consorcio Altiplano, el cual recibió un pago indebido en el 2011 de S/850 mil, razón por la cual Vladimir Cerrón fue condenado por corrupción en agosto del 2019. [Fuente: RPP – El Comercio]
