POR: GUILLERMO EDILBERTO RUEDA KUONG
En el 2016, la ciudad de Arequipa dio un paso firme en la lucha contra los locales nocturnos que operan al margen de la ley, una línea de acción que se ha mantenido en las gestiones municipales siguientes. Durante la gestión del alcalde Alfredo Zegarra, se promulgó la Ordenanza Municipal N.º 1040-2016, que estableció sanciones claras para el uso indebido de locales comerciales en contra de la moral y las buenas costumbres. Bajo este marco legal, la Municipalidad Provincial de Arequipa ha desarrollado acciones contundentes como el tapiado de bares y prostíbulos reincidentes en el Cercado, empleando bloques de concreto para impedir su reapertura tras reiteradas clausuras.
Mientras tanto, en la provincia de Mariscal Nieto, en Moquegua, la situación sigue siendo preocupante. En el centro de la ciudad y en zonas como San Francisco, Chen Chen o la avenida Balta, persiste la operación de bares clandestinos, muchos de los cuales han sido intervenidos y clausurados en repetidas ocasiones por carecer de licencia de funcionamiento, vender alcohol sin autorización o alterar el orden público. Sin embargo, en varios casos estos locales reabren a los pocos días, ya sea bajo otra razón social o simplemente retirando los precintos municipales.
Lo que diferencia a Arequipa de Mariscal Nieto no es solo la magnitud del problema, sino la voluntad política y operativa para enfrentarlo. En Arequipa, la municipalidad decidió pasar del simple sello de clausura a sanciones más contundentes, como el tapiado físico de los locales infractores, una medida real y visible que garantiza la clausura definitiva. Esta acción tiene respaldo normativo y responde a una demanda ciudadana concreta: frenar la informalidad nocturna que afecta la seguridad, la salud y la tranquilidad de los vecinos.
Un aspecto fundamental en Arequipa ha sido la responsabilidad legal no solo para los administradores o propietarios del negocio, sino también para los propietarios del predio donde funcionan estos locales. En caso de reincidencia y no pago de las multas y sanciones, la municipalidad aplica mecanismos legales para que la deuda se convierta en un gravamen sobre la propiedad, pudiendo llegar incluso al embargo y remate para asegurar el cumplimiento de la norma. Esto genera un incentivo fuerte para que los dueños de los inmuebles eviten facilitar actividades ilegales en sus predios.
En contraste, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto aún no ha adoptado una política clara ni un marco normativo que contemple la responsabilidad solidaria o subsidiaria de los propietarios de los predios. La ordenanza local contempla clausuras y multas, pero no prevé el tapiado ni establece medidas para sancionar o embargar a los dueños de inmuebles que permiten el funcionamiento irregular de bares clandestinos.
El caso de Arequipa demuestra que es posible actuar con decisión y con mecanismos integrales que involucran a todos los responsables. El tapiado no es una medida arbitraria, sino una sanción administrativa legítima aplicable en casos de reincidencia o desacato. Es también una herramienta disuasiva que envía un mensaje claro: las normas se cumplen y quien las vulnera debe afrontar consecuencias reales, tanto administradores como propietarios.
Por ello, resulta urgente que las autoridades de Mariscal Nieto consideren este ejemplo exitoso y evalúen incorporar sanciones más efectivas y mecanismos de responsabilidad compartida en su normativa local. Adaptar estas acciones puede contribuir a recuperar el orden urbano, la moral pública y la seguridad vecinal, afectados por la operación de negocios que funcionan al margen de la ley.
La ciudadanía moqueguana espera acciones firmes. El ejemplo ya existe. Solo falta voluntad.
