El juez unipersonal para casos de corrupción de funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Max Vengoa Valdiglesias, condenó a 6 años de pena efectiva al actual alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, tres ex funcionarios de confianza y dos empresarios, al encontrarlos culpables del delito de colusión agravada por la compra de 40 cámaras de seguridad deficientes y sobrevaloradas cuando Candia era burgomaestre de la municipalidad distrital de Alto Selva Alegre en el año 2012.

HUBO ACUERDO COLUSORIO

El magistrado concluyó en su adelanto de fallo que ha quedado plenamente demostrado que hubo un acuerdo colusorio entre funcionarios de la municipalidad distrital de Alto Selva Alegre y los representantes del consorcio Soluciones Andinas para defraudar al Estado al no haberse concretado una solución tecnológica para combatir la inseguridad ciudadana como era el objetivo del proyecto de inversión pública “Mejoramiento del Servicio del Servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de Alto Selva Alegre”; irregularidades de las cuales tenía pleno conocimiento el alcalde, Omar Candia.

SE DEMOSTRARON IRREGULARIDADES

El Dr. Max Vengoa Valdiglesias, aseguró que se han acreditado los hechos presentados por el Ministerio Público; habiéndose demostrado irregularidades en diferentes fases de la licitación pública para la adquisición de las cámaras de seguridad como el cambio en los términos de referencia del proyecto, las bases de la licitación, el pago de cartas fianza y haber desatendido las observaciones realizadas por SEAL, Osinermin y el Organismo Supervisor de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

SENTENCIADOS

Junto al actual alcalde de Arequipa, fueron condenados a 6 años de pena efectiva, Daniel Gómez Benavente (gerente general de la municipalidad de Alto Selva Alegre), Juan José Lipa Lizárraga (sub gerente de Logística y Servicios Generales de esa misma comuna), Reynaldo Díaz Chilo (sub gerente de Servicios Comunales, igualmente); además de los representantes del consorcio privado, José Ríos Sánchez y Sandro Martínez Rondón quienes se coludieron para asesorar y luego ejecutar la obra, informó la corte.

De manera solidaria, los sentenciados deberán pagar una reparación civil de 2 millones 100 mil soles, pagar una deuda a SEAL de 36 mil soles y una indemnización en favor del Estado de 30 mil soles adicionales.

EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

La sentencia será ejecutada, cuando quede consentida y ejecutoriada; es decir cuando la segunda instancia (apelación) se pronuncie confirmando esta decisión, en cuyo caso todavía podría presentarse un recurso de casación ante la Corte Suprema de la República.

La segunda instancia podría también anular o revocar este fallo y por tanto, absolver a los actualmente sentenciados.