La bancada de Acción Popular (AP) presentó un proyecto de ley para que la corrupción sea causal de suspensión y vacancia de las autoridades de los gobiernos regionales y locales.

La iniciativa legislativa 5299 propone que la vacancia del gobernador, vicegobernador, consejeros regionales, alcalde o regidores proceda cuando se incurre «en fundados actos de corrupción como actos irregulares en el ejercicio de sus funciones para beneficio propio o de terceros».

Asimismo, la suspensión procede en caso de «graves indicios» de corrupción. Es declarada hasta que no haya recurso pendiente que resolver en el procedimiento de vacancia, y es sustentada con el informe final de control de  la Contraloría.

El congresista Wilmer Bajonero Olivas, autor del proyecto, sostuvo que lo que se busca es fortalecer la lucha contra la corrupción en los gobiernos subnacionales.

Para ello considera la corrupción como causal de suspensión y vacancia, modificando los artículos 16, 30 y 31 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y los artículos 10, 22 y 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

Además, se otorga a los consejos regionales y concejos municipales la facultad de pedir información de la gestión y las decisiones que toman tanto el gobernador como el alcalde, y de las gestiones que realicen los funcionarios en el nivel administrativo, indicó el parlamentario.