Impedimentos para ser candidatos, tras la aprobación de la ley 30717 – Primera parte

…el sólo hecho de haber sido sentenciado por alguno de los delitos allí reseñados, sin considerar el tiempo u oportunidad en que se dio, y aun estando inmerso en la condición de rehabilitados no puede ser candidato…

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En un escenario político complejo, y a escasas 24 horas de convocarse a elecciones Regionales y Municipales, el Congreso de la República aprobó la ley 30717, que fue publicada en el diario El Peruano ese mismo día; por consiguiente, es norma de plena aplicación para dichas justas electorales. Es evidente que esta norma ha generado decepción en algunas candidaturas, algarabía en otras, lo cierto es que su impulso esta compenetrado con el proceso de transparencia y lucha frontal contra la corrupción, que comparte el país.

La propuesta fue construida en el debate del Congreso, dado que la propuesta original, sólo se limitaba a impedimentos para sentenciados por delito de Terrorismo y apología del terrorismo. Es evidente que esta coyuntura de graves denuncias por corrupción en la administración pública nacional, fue un aliciente para determinar esta norma, debiéndose considerar las reiteradas irregularidades encontradas en indistintas autoridades municipales y regionales, que en su momento propiciaron la ley de no reelección de estas autoridades.

Las elecciones, ya convocadas para el domingo 7 de octubre, las encontramos con un marco legal  muy especial: sólo participan los partidos políticos y agrupaciones regionales,  pueden participar candidatos sin residencia pero nacidos en la jurisdicción electoral y están excluidos los candidatos que tengan sentencia judicial por delito determinado. Es necesario puntualizar que esta norma debió ser deliberada y aprobada en los meses pasados, lamentablemente los problemas políticos del país, pusieron en la agenda prioritaria el tema de la “vacancia presidencial”.

La fórmula legal de dicha ley, que establece los impedimentos, esta propuesta para los cargos de  Presidencia o Vicepresidencias de la República, representantes al Congreso de la República y representantes ante el Parlamento Andino, candidatos a elecciones de gobiernos regionales y candidatos a elecciones municipales:

“Las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión de delito doloso. En el caso de las personas condenadas en calidad de autoras por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación de la libertad sexual; el impedimento resulta aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitadas” y  “Las personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios; aun cuando hubieran sido rehabilitadas”.

Para ser más didácticos, estaremos inmersos en las próximas elecciones municipales y regionales. Están impedidos de ser candidatos a dichas elecciones quienes hayan sido pasibles de una sentencia condenatoria por delitos de terrorismo, apología de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado o corrupción de funcionarios. Dicha sentencia debe tener la condición de consentida o ejecutoriada, es decir que este en calidad de cosa juzgada, inimpugnable.

Puede darse el caso que un candidato tenga sentencia condenatoria pero la impugnó, y está pendiente de resolverse, en tal situación no estaría sujeto a estos impedimentos para postular, pero de ratificarse dicha sentencia y ya en pleno proceso electoral o incluso en el ejercicio del cargo deberá ser excluido.

En los debates parlamentarios genero discordia, la propuesta  que debería considerar como impedimento a las personas que estén en condición de procesados -aún sin sentencia-, y los que tienen una primera sentencia condenatoria aún si estuviera pendiente de resolverse la impugnación ante la instancia superior. Finalmente primo la razonabilidad, el principio de presunción de inocencia, sólo una sentencia definitiva y ejecutoriada, puede determinar responsabilidades penales y ser causal de impedimento para proponer candidaturas.

Están impedidos de ser candidatos a dichas elecciones quienes hayan sido pasibles de una sentencia condenatoria por delitos de terrorismo, apología de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado o corrupción de funcionarios. Dicha sentencia debe tener la condición de consentida o ejecutoriada, es decir que este en calidad de cosa juzgada, inimpugnable.

El artículo 69 del Código Penal prescribe sobre la rehabilitación, que la persona que ha cumplido su pena por una sentencia condenatoria, queda rehabilitada automáticamente y a efecto de ello la cancelación de los antecedentes  penales, judiciales y policiales.

Pues bien, la ley bajo comentario ordena que “No pueden ser candidatos…aun cuando hubieran sido rehabilitadas”; lo que quiere decir, que el sólo hecho de haber sido sentenciado por alguno de los delitos allí reseñados, sin considerar el tiempo u oportunidad en que se dio, y aun estando inmerso en la condición de rehabilitados no puede ser candidato.

Un tipo penal, generalizado en las responsabilidades de funcionarios públicos es la de “peculado”, y quienes hayan sido sentenciados por este delito no pueden ser candidatos. No pasemos por alto, que la ley 30717, no es una ley penal, sino electoral-administrativa. Aquí no es posible hablar de derechos adquiridos o no efectos retroactivos. Con la modificación del artículo 103 de la Constitución Política se asienta el principio de la “teoría de los hechos cumplidos, por la que la Ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo”.

¿Es posible distinguir el peculado doloso y culposo, peculado de uso? consideramos que no. La norma establece sólo “peculado”  y de manera general, no podemos hacer diferencias donde la ley no lo hace. Por consiguiente, todo candidato que este o haya sido sentenciado por delito de peculado, cualesquiera que sea la modalidad, está inhabilitado.

Es innegable que esta ley ha propiciado impacto social, en su dación no ha existido cálculo político, sino un ejercicio de adecentar la política, de generar un escenario electoral que permita impulsar la presencia de nuevos, frescos y limpios cuadros políticos. Esperamos no equivocarnos.

¿Es posible distinguir el peculado doloso y culposo, peculado de uso? consideramos que no. La norma establece sólo “peculado” y de manera general, no podemos hacer diferencias donde la ley no lo hace. Por consiguiente, todo candidato que este o haya sido sentenciado por delito de peculado, cualesquiera que sea la modalidad, está inhabilitado.

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