Por: LILIANA LA ROSA HUERTAS
MINISTRA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Nuestro gobierno busca consolidar la democracia y el derecho al desarrollo de todos los peruanos y peruanas, en un país enorme, desafiante, rico, hermoso y diverso. Y esa diversidad exige que la justicia, la representación y la participación política sean equitativas para todos y todas, de todas las generaciones y culturas. Por eso son necesarias las reformas constitucionales que deben someterse a referéndum en diciembre.
En 1979, a través de un consenso político amplio, se logró con la Constitución, incorporar a millones de ciudadanas y ciudadanos, a quienes se había negado el voto por más de 150 años sólo por ser campesinos pobres y analfabetos. Hoy, casi 40 años después, el Perú moderno requiere una nueva ronda de reformas políticas que consoliden una representación paritaria y equitativa.
El Desarrollo y la Inclusión Social no consideran solamente aspectos económicos o de acceso a servicios, también requieren del pleno ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos. Es decir, derecho a la participación, a ser reconocidos como ciudadanos de esta sociedad y como preocupación central de su Estado. Los ciudadanos deben ser protagonistas del desarrollo, no objetivos ni “beneficiarios” pasivos. Para estar a la altura del lema del Perú, «firme y feliz por la unión», que con mirada de gigantes en la historia proyectaron nuestros próceres, hoy día debemos dar grandes pasos en la inclusión de amplios sectores de la ciudadanía, en todos los aspectos de sus vidas.
Las reformas políticas, que esperamos atentos que el Congreso de la República apruebe antes del 4 de octubre, deben permitir esa amplia participación de mujeres y hombres, jóvenes y adultos, urbanos y rurales, de todas las sangres, micro empresarios emergentes y sectores empresariales consolidados. Las reformas deben contribuir a que todos puedan mirar, concertar y construir juntos esta patria que queremos.
Además de mejorar la representación política y la transparencia de la procedencia y uso de los recursos que la sostienen, las reformas tienen que garantizar que la justicia sea limpia y transparente, rescatarla del secuestro de bandas criminales como los «cuellos blancos del puerto», impedir que se instaure un Estado al servicio de intereses delictivos de traficantes de tierras, usurpadores de propiedad, autoridades corruptas y narcotraficantes alrededor del país. Una justicia verdaderamente justa debe estar al alcance de todas y todos, asegurando la integridad de las personas y garantizando la inversión pública y privada. La corrupción que ha salido a la luz recientemente constituye un vergonzoso robo a todos, pero especialmente a los más pobres del Perú.
Esas reformas deben impedir la reedición de monstruosos esquemas de corrupción. No se puede permitir que intereses corruptos transnacionales direccionen la política nacional, impongan autoridades locales, se coludan con altas autoridades, y así perpetúen esquemas de enriquecimiento, que terminan pagando, desde los más pobres, hasta los más ricos del Perú; desde el IGV hasta el impuesto a la venta de un refresco.
La propia Comisión investigadora del Congreso ha reportado recientemente que «los sobrecostos por parte de las empresas que han ejecutado las obras, ya sea por adendas, por incrementos, por nuevos contratos, por cancelaciones, superan largamente los 3 mil millones de dólares» (Rosa Bartra, 21 set 2018)
¿Se imaginan lo que se puede hacer con 3,000 millones de dólares, (como 10,000 millones de soles, considere que el MIDIS tiene poco más de 4,000 millones de soles por año)? ¿Cuántos hospitales equipados asegurando el derecho a la salud, avanzando hacia nuestras metas de TBC cero y anemia cero? ¿Cuántas escuelas con maestros y alimentos para los niños y niñas de todas las regiones del país?
¿Cuántos alimentos podría distribuir QaliWarma y avanzar hacia la erradicación de la desnutrición crónica infantil, creando capacidades y oportunidades de desarrollo para todos? ¿Cuántas carreteras y puentes, cuántos empleos a través de la promoción de micro empresas y emprendedores que generen empleo y riqueza? ¿Cuántas mujeres y hombres generando ingresos autónomos y saliendo de condiciones de pobreza y marginación?
Es contradictorio que nuestro Estado por un lado invierta todo lo que pueda en el desarrollo e inclusión social, y por el otro, autoridades delictivas se apropien de esos recursos que finalmente son de todos nosotros. Esa contradicción nos impide cerrar las brechas entre regiones y dentro de ellas, para que los niños de Huamanguilla, de Sicuani, de Cajatambo, de Urarinas, ejerzan su pleno derecho a ser peruanos felices, emergentes, productivos, saludables, que construyen su nación, que labran su futuro con creatividad, innovación y fe.
Por su parte, la no reelección inmediata de congresistas es un pedido de la ciudadanía coherente con la no reelección consecutiva de Presidentes de la República, Gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales. En el proceso de consolidación de nuestra democracia, busca garantizar pluralidad y renovación política en cada poder y nivel de gobierno, busca la no perpetuación de actores políticos.
El congresista de una región debe representar a los ciudadanos de esa región con amor y compromiso por su tierra y su gente. Necesitamos que rinda cuentas e interactúe con su electorado, quien le ha delegado poder para servir y no para servirse.
Finalmente, con la reforma del Artículo 90 de la Constitución, la bicameralidad permitirá tener un mejor Congreso. Un mejor poder legislativo ya no producirá leyes apresuradas que nos sorprendan, sino que reflejen procesos de debate y diálogo informado y responsable orientado al interés nacional. Un Senado, o cámara superior, de legisladores experimentados y capacitados revisará los proyectos de la Cámara de Diputados y ayudará a minimizar la confrontación política.
Entendemos que algunos peruanos vean con escepticismo la propuesta de tener un parlamento más grande, pero los beneficios son mucho mayores que los potenciales bemoles. Lejos de generar un mayor gasto público, la bicameralidad significará más eficiencia en la labor congresal al permitir un mejor control y promover que se legisle con visión de país y de largo plazo.
Para que estos cambios que consolidan el desarrollo y la democracia tengan la debida legitimidad, el Referéndum es fundamental. Una reforma constitucional de esta magnitud debe ser refrendada por el conjunto de la sociedad, para que sea producto del consenso social y tenga estabilidad en el tiempo. No puede ser el acuerdo de algunos grupos de interés sin consulta al pueblo peruano, sino logrado de la mano con todos. Por eso esperamos del Congreso de la República que muestre su compromiso con el pueblo peruano, con su historia y su infalible mañana.