El viernes, minutos después de las seis de la tarde, hora de Israel (10 am hora peruana), Yosef Maiman, el más importante delator premiado peruano en el caso Lava Jato, firmó el acuerdo final de colaboración eficaz con representantes del Ministerio Público y la Procuraduría de este país, en el local de la embajada peruana en Israel.
Por el Ministerio Público estuvieron presentes Rafael Vela, el fiscal superior coordinador del Equipo Especial del caso Lava Jato; y el fiscal provincial José Domingo Pérez, quien lleva – junto con otras investigaciones centrales– los casos del expresidente Alejandro Toledo en el ámbito delictivo de Lava Jato.
La procuraduría fue representada por la procuradora ad hoc adjunta Marilyn Vega Caro quien viajó a Israel con los fiscales del Equipo Especial y firmó también el acuerdo.
Junto con Maiman firmaron sus abogados peruanos Julio Mazuelos y Ana de Martini, quienes también viajaron a Israel para la negociación final y la firma del crucial acuerdo.
Los tres días de negociaciones culminaron hoy viernes, ya bien entrado el Shabat judío, más de una hora después de que la entrada principal del edificio donde está la embajada, en el piso 12 de Medinat Hayehudim 89, Herzliya Pituaj, al norte de Tel Aviv, hubiera cerrado por Shabat.
A tenor de información confiable recibida por IDL-R, la firma del acuerdo, sobre el que el Equipo Especial había señalado un ultimátum de firma o término de las negociaciones, terminó siendo un proceso mucho más difícil de lo esperado, que tomó tres días de exhaustivas negociaciones, incluyendo las horas extras del Shabat.
“Maiman revisa, revisa y vuelve a revisar”, dijo una fuente con conocimiento cercano de lo sucedido esos días. Los dos primeros, Maiman llegó vestido formalmente, con terno y corbata. El día festivo, el último, arribó en vestimenta informal, pero siguió igual de minucioso y terco en la discusión de cada detalle.
Pese a haber estado en las puertas de la muerte, poco antes y después del trasplante de hígado que logró mantenerlo vivo, Maiman sigue siendo un fumador frecuente que se excusó repetidamente para hacerlo a la puerta del edificio.
La foto de Maiman que aparece aquí fue tomada hoy viernes en una de esas pausas de tabaco, en la que este –al parecer ya recuperado de la operación– aprovechó para discutir algunos puntos finales con sus abogados Mazuelos y de Martini.
Al final del proceso, el acuerdo firmado con el ahora colaborador eficaz y testigo de la Fiscalía, Yosef Maiman, abunda, precisa y corrobora la información que, para todo propósito práctico, fulmina a Toledo.
Además, pacta los términos de reparación de la siguiente manera:
La reparación acordada con la Procuraduría asciende a $1’200,000 dólares. (Un millón 200 mil dólares).
Maiman acordó no oponerse y, antes bien, colaborar para que los fondos en la cuenta de Ecostate, en el Scotiabank de Costa Rica, más los intereses acumulados, sean entregados al Estado peruano. Sin intereses, el monto es de $ 6’350,000 (Seis millones 350 mil dólares).
Asimismo, aceptó devolver (entregar más bien) el dinero trasladado por él de Costa Rica a Israel. El monto es de $5’265,106 (cinco millones 265 mil 106 dólares). En la última parte de la discusión, Maiman alegó que parte de ese dinero era legal y que estaba mezclado con el ilegal. Las autoridades peruanas no cedieron y Maiman se allanó a entregar todo el dinero.
En cuanto a la descripción de cómo operó la empresa criminal en esta parte del caso Lava Jato, Maiman aportó detalles documentados y específicos:
Al reconocer formalmente que él utilizó sus empresas para la entrega de dinero de Odebrecht (y Camargo Correa), Maiman describió con precisión la ruta del dinero “hacia el beneficiario final de las cuentas de este beneficiario”. Es decir, Alejandro Toledo. La documentación corroborativa es minuciosa.
Maiman hizo también una descripción detallada de cómo se coordinaron y llevaron a cabo las tratativas que culminaron con las transferencias a Toledo. Al hacerlo, confirmó y añadió detalles a lo ya confesado por Jorge Barata.
Uno de los momentos principales en el proceso criminal ocurrió durante un corto viaje de Maiman a Lima durante los últimos diez días de noviembre de 2004.
Poco después de llegar a Lima, Maiman almorzó con Toledo en Palacio de Gobierno. Ahí hablaron con todo detalle sobre cómo transferir el dinero de las coimas a Toledo a través de las cuentas de Maiman.
Uno o dos días después, Maiman se reunió en la vivienda que mantenía en Barranco, con Jorge Barata y terminaron de definir y acordar cómo y de qué manera canalizar los sobornos.
El monto de los sobornos fue calculado, con precisión de centavos, por Maiman. $17’266,153.95 (17 millones 266 mil 153 dólares con 95 céntimos) fueron entregados, según su testimonio, por Odebrecht. Y $3’984,355 (tres millones 984 mil 355 dólares) por Camargo Correa.
Jorge Barata, entonces superintendente de Odebrecht en el Perú, posa junto al mandatario Alejandro Toledo durante la inauguración de un puente en Acre, en 2006, como parte de las obras de la carretera Interoceánica. (Fuente: Archivo de IDL-Reporteros)
Eso suma un poco más de 21 millones 250 mil dólares. ¿Y el resto del dinero que Odebrecht abonó a las compañías de Maiman: 35.6 millones de dólares en total según reporte de los bancos suizos, que deja poco más de 14 millones de dólares por explicar?
Maiman afirmó que esa suma es de dinero lícito y que corresponde a transacciones legales que realizó con Odebrecht en otros países. Dio el ejemplo de Colombia.
En ese aspecto, tanto la Fiscalía como la Procuraduría introdujeron una cláusula de reserva en el acuerdo, en la que ambas se reservan el derecho de investigar lo afirmado por el nuevo colaborador eficaz. Si se llegara a determinar que parte de esa suma es de dinero ilícito, se revoca el acuerdo con Maiman.
Con el testimonio nada menos que aplastante del nuevo testigo de la Fiscalía, la situación legal de Alejandro Toledo podrá cambiar en forma dramática en el transcurso de los siguientes meses.
Su extradición no tenía mayores posibilidades de progresar en Estados Unidos mientras no hubiera una acusación fiscal, formal, planteada con pruebas de fuerza difícil de refutar. Contando, como cuenta, con una defensa legal de buena calidad, Toledo podía parar la extradición con base en el argumento de que Estados Unidos no extradita a alguien para que sea investigado sino para que sea juzgado.
Presentada la acusación fiscal al Poder Judicial, – y es probable que el fiscal Rafael Vela la haga pronto – lo único que podrá discutir la defensa de Toledo es la fuerza de la prueba y la certeza, o falta de esta, de un juicio imparcial en el Perú.
En cuanto a lo primero, las pruebas son virtualmente idénticas a las que utilizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su propia investigación del caso Lava Jato. De manera que el argumento no tendrá fuerza. Lo segundo quizá tome alguna discusión. Pero a juzgar por decisiones tomadas respecto a los pedidos de extradición a otros expresidentes acusados por corrupción (como el del expresidente Ricardo Martinelli, de Panamá, por ejemplo), lo más probable es que Toledo sea extraditado al Perú en un plazo cercano, de meses antes que de años.
En varios frentes, el caso Lava Jato avanza hacia la probada revelación; y también a sus consecuencias.
