POR: VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
Nuestro país pasa por una inestabilidad política permanente; sus persistentes manifestaciones nos encuentran hoy con una democracia gravemente debilitada, una representación deslegitimada y, especialmente, con una grave crisis de los partidos políticos. En su momento, el Gobierno de Alberto Fujimori cargó toda la culpa contra los partidos políticos, dando protagonismo a los movimientos políticos independientes. Al retornar por la ruta democrática, los partidos políticos volvieron cargados de energías para adecuarse a las nuevas circunstancias y dispuestos a retomar liderazgos ante el desconcierto político. Sin embargo, las taras de ayer no habían sido corregidas, lo que no pasó desapercibido para el ciudadano-elector, pues su decisión en el voto los expectoró. El PPC y el APRA tuvieron que retomar su inscripción; Acción Popular está al borde del colapso. Esto dentro de los llamados partidos tradicionales. Perú Posible, Partido Nacionalista y PPK fueron creaciones coyunturales. Mientras tanto, numerosas, variopintas y complejas propuestas de aparentes partidos se asoman para estos tiempos, adueñándose con más defectos que virtudes de la escena política.
Cerca de cuarenta partidos políticos estarán en el partidor electoral para el 2026, lo que significa colocar a nuestro país en la palestra de ser el que, por estos lares, tiene el mayor número de candidaturas presidenciales en sus elecciones generales. En una respuesta condescendiente, podría argüirse que es efecto de nuestra apertura democrática, fomentando la participación política, tanto individual como colectiva, a través de las agrupaciones políticas. Pero también cabe perfectamente encontrar allí una radiografía política en la que se refleja el estado de nuestra salud democrática: oportunismo, desorden, caciquismo, mirar al Estado como botín, renuncia a la prudencia y responsabilidad que exige toda participación política, teniendo como efecto mayor el desconcierto en los electores, que ratifican en sus convicciones interiores la mezquindad y el interés subalterno de su clase política, lo que gradualmente va minando su confianza hacia nuestras formas democráticas.
Es cierto que los partidos políticos son propuestas que define el elector con su voto. Agregando a ello que, en nuestro sistema electoral, el voto tiene carácter obligatorio, y en un porcentaje bastante considerable, la participación electoral, podríamos decir que nosotros legitimamos los procesos, sus candidatos y sus resultados. Y aun existiendo un fuerte descontento, los ciudadanos concurren con desgano y escaso compromiso democrático a las urnas, sin evaluar su convalidación sobre quienes participan como candidatos y sobre quienes finalmente ganan y los van a representar.
Si bien nos llama la atención los numerosos partidos políticos en clara perspectiva de participar en 2026, ello es consecuencia de una norma permisiva pensada en apertura democrática y participación política. Veamos. La norma electoral antes del 2019 establecía que para ser reconocido un partido político requería de “adherentes en número no menor del tres por ciento (3%) de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional”, lo que generaba una arbitrariedad, pues significaba que solo los partidos inscritos hasta entonces podían participar, dado que las nuevas agrupaciones deberían recabar el tedioso número de más de 500,000 firmas. Tratando de romper este sesgo y privilegio a favor de los partidos ya inscritos, se modificó la norma, estableciéndose “como mínimo, al 0,1% de los ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso electoral nacional”, aproximadamente 25,000 adherentes. Pero esto iba acompañado de las imprescindibles elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que exigían que una organización política pudiera participar en las elecciones generales si superaba “al menos el 1,5% de los votos válidamente emitidos en las elecciones primarias”.
Lamentablemente, al incorporarse nuevamente las tres modalidades para elecciones primarias, para definir las candidaturas: a) afiliados más electores previamente registrados ante la organización política; b) solo afiliados; y c) delegados, los cuales deben ser elegidos por los afiliados y los que resulten elegidos pasan a elegir candidatos en elecciones primarias, se da por descontado que esta última será la modalidad elegida y, por consiguiente, la valla previa no tendrá ningún sentido ni mucho menos limitación para que todos los partidos inscritos participen. Volvimos a la práctica tradicional del caciquismo partidario, los partidos empresa, con un gerente que decide sobre todo espíritu democrático.
Una democracia se soporta en la institucionalidad de los partidos políticos; la pluralidad es su esencia y el contraste su fortaleza. Por ello, debe alentarse propuestas partidarias con ideario, programa político, una agenda país de corto, mediano y largo plazo, una estructura orgánica funcional y con presencia nacional, con cuadros políticos eficientes y comprometidos, una militancia activa, dinámica, comprometida y sólidamente formada, donde la democracia interna sea su valor primordial, que facilite la renovación en perspectiva de consolidar una propuesta de alternancia en la gestión de gobierno.
Pues bien, ¿qué es lo que tenemos? Nos encontramos con propuestas partidarias oportunistas, sesgadas en la ambición de poder y sus componendas. Allí están los afanes encubiertos del hermano de la presidenta Dina Boluarte, quien, manipulando los cargos de prefectos, subprefectos y gobernadores a nivel nacional, está tras la estructuración de una propuesta política con nulos horizontes. Podemos Perú, de José Luna, convertida en caja de sastre, recogiendo todos los saldos de otros partidos, sin un programa conocido más que sus aislados proyectos populistas, que son muestra de los intereses particulares que se defienden. Alianza para el Progreso es la mejor muestra de la imposición del marketing político sobre las ideas políticas. Un caso paradigmático fue el de Unión por el Perú, que en su momento llevó a la candidatura presidencial de Javier Pérez de Cuéllar, luego apuntaló a Ollanta Humala y terminó amparando a Antauro Humala. Es lo que los politólogos denominan “partidos cascarón”, tan comunes en nosotros.
Quienes llegan a tener representación parlamentaria gozan de dispendios presupuestales por cada congresista; recaban una importante cuota de poder al decidir sobre políticas públicas. Y como está el panorama político de nuestros días, imponen decisiones sobre el propio poder ejecutivo. Esta es la madre del cordero.
Esta fragmentación partidaria no hace más que ahondar nuestra crisis democrática, sin soslayar nuestra crisis de partidos y, por ende, nuestra agobiante crisis de representación, generando desafectación ciudadana. Vamos perdiendo identidad democrática. Se hace perentoria una reforma política integral. Las propuestas parches poco o nada ayudaron, más bien profundizaron los problemas, y como esta respuesta tardará, una vez más la responsabilidad descansa en los electores, en la soberana decisión de su voto, saber elegir, porque en esta decisión descansa su futuro. Hoy asumimos las consecuencias de un voto errado y esta suerte de despilfarro institucional. Somos nosotros quienes tenemos la decisión. Vayamos sembrando en nuestros espacios más personales la necesidad de un voto maduro, cauto y responsable, sancionando políticamente con nuestra decisión a quienes hoy vienen destrozando nuestra democracia, sus instituciones y valores.
